A fines de marzo, el Perú oficializó la adopción de las normas internacionales de sostenibilidad NIIF S1 y NIIF S2, las cuales exigirán a las empresas privadas cuantificar y reportar sus riesgos climáticos y sociales en términos financieros. Esta medida, diseñada para estandarizar la divulgación de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), será obligatoria a partir del 1 de enero de 2029 para firmas con ingresos superiores a 2,300 UIT, aunque las empresas reguladas o que cotizan en bolsa podrían tener que adaptarse hacia el 2028. El objetivo principal de estas normas es impulsar el acceso al financiamiento verde y otorgar ventajas competitivas, ya que permitirán a los inversionistas tomar decisiones basadas en datos comparables, evitando así el "greenwashing". Sin embargo, esto plantea un reto importante para las compañías, las cuales deberán aprovechar el periodo de transición entre 2026 y 2028 para diagnosticar brechas y aprender a incorporar métricas de información no financiera —como la gestión del agua, las emisiones de gases de efecto invernadero o la seguridad laboral— dentro de su análisis de impacto empresarial y rentabilidad.
Fuente: Diario Gestión, 14 de abril del 2026.